OPTICA POLITICA

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Por Aliber López

“La justicia social debe ser precedida de una justicia fiscal”
“Que paguen más los que más ganen”

Las alzas a los precios de la gasolina de aproximadamente 10 % en lo que va del año, incrementan los costos de la gran mayoría de los productos básicos y neutralizan o rezagan los aumentos salariales a los mínimos, deteriorando cada vez más los niveles de vida de la mayoría de los trabajadores. Pero no solo a los trabajadores perjudican los aumentos. Los comerciantes también merman sus ganancias y limitan sus precios, pues si los aumentan al mismo porcentaje que los precios de la gasolina, menos alcanzan a comprarlos los consumidores.

En la política nacional de los gobiernos se ha descuidado el establecimiento de un equilibrio entre capital y trabajo, propiciando una concentración de la riqueza descomunal a favor de los empresarios y de los grupos financieros nacionales y extranjeros. Ya se ha denunciado en los medios de comunicación que no es posible que se mantenga un crecimiento muy pobre de la economía nacional de un 2 % anual durante decenas de años, pero que las ganancias de los banqueros alcancen cifras del 12 % anual, como ha sucedido el año pasado.

Hay denuncias públicas de los expertos en economía que establecen que los impuestos que pagan los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, son hasta del 33 % de sus ingresos brutos, mientras que las grandes empresas nacionales y extranjeras pagan alrededor de 1.38 % anual. Tales realidades son injustas, pues las pequeñas y medianas empresas son las que generan el mayor número de empleos, razón por la que debería estimularse su establecimiento mediante incentivos fiscales, no tan bondadosos como a los de la gran empresa aunque a éstos, si se les debería cobrar un impuesto del 20 al 30 % y reducir el de los trabajadores que generalmente no deducen sus impuestos como si lo hacen las grandes empresas.

A este país le urge un poco de justicia fiscal, (Que paguen más los que más ganen), pues actualmente, cuando el PIB nacional alcanza 30 billones de pesos y se afirma por parte de la UNESCO (Unión Internacional para la Educación la Ciencia y la Cultura), que para tener una educación de calidad se requiere que los gobiernos de los países del mundo inviertan por lo menos, el 7 % del PIB, y cuando desde el 2003 la Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno Nacional dedicara el 8 % del PIB a Educación, para garantizar la oferta constitucional de una educación laica gratuita y obligatoria de calidad, después de 15 años y más de 2 sexenios transcurridos desde que Enrique Meléndez Pérez, Presidente de la Comisión de Educación de la LVIII Legislatura hiciera tal propuesta y lograra su aprobación, actualmente se invierten en educación solamente cerca de 300 mil millones de pesos, muy lejos del 8 % de 30 billones de pesos, pues debería ser una inversión de 2 billones 400 mil.

Esta más que claro que invirtiendo el 1 % del PIB en Educación, no se resolverá ningún rezago educativo y mucho menos se podrá implementar una Reforma Educativa con resultados optimistas. La escasa inversión en educación ha estado cancelando paulatinamente varios de los preceptos constitucionales, como el de la formación de docentes, la calidad y la gratuidad de la educación básica. Está claro también que si los futuros gobiernos no establecen una justicia fiscal, no podrán tampoco mediante el aumento y no la disminución de los presupuestos sociales, hacer efectiva una justicia social. Salud, Vivienda, Educación y Cultura, son renglones descuidados en los últimos tiempos por las autoridades federales.