Con huelga, AMFPro se expone a penas

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Los jugadores que vayan a huelga en la última jornada del Clausura 2018 para abolir el Pacto de Caballeros podrían hacerse acreedores a sanciones por parte de sus respectivos clubes.
Las penas podrían ir desde descuentos salariales por los días que se ausenten a trabajar hasta “un potencial despido”, de acuerdo al abogado especialista en Derecho Laboral, Ricardo de Buen.
¿La razón? La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales [AMFpro] carece de atribuciones para hacer una huelga. “Desde el punto de vista legal, la asociación civil no tiene la posibilidad de hacer un paro, sino un sindicato. Es decir, quizá lo puedan lograr como los árbitros; en el tema legal, los clubes pueden aplicar sanciones, porque es un paro injustificado”, señala De Buen en entrevista.
“Mucho dependerá de lo que hagan los equipos. Lo que no entiendo es que si tenían [los jugadores] la posibilidad de hacer un sindicato, ¿por qué no lo hicieron? Es mi crítica desde el punto de vista legal”, cuestiona.
El Pacto de Caballeros es un acuerdo tácito entre los dueños de los equipos para impedir la libre contratación de jugar, pese a que estos últimos hayan terminado su relación contractual. Para el especialista, la batalla de los profesionales del balompié debería enfocarse en otros rubros, “que ayudarían mucho más a fortalecer el gremio”.
“[Con un sindicato tendrían] La posibilidad de mínimos legales y un contrato colectivo: que se les dé seguridad si tienen un accidente en Fuerzas Básicas y que ganen un salario mínimo”, considera.
“Con esto, no digo que no ataquen el Pacto de Caballeros, pero al final de cuentas es un ente nebuloso. Y aunque digan los directivos que se terminó, no estamos seguros si se va a terminar”, argumenta entre risas.
En 2013, hubo intentos por detener el Pacto con una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados misma que no prosperó por la presión de los dueños de los equipos y las televisoras.

Presentan iniciativa anticorrupción
Ricardo de Buen, abogado especialista en derecho laboral, presentó la iniciativa Integridad en el Deporte de México, que tiene como objetivo la lucha anticorrupción y la inhibición de delitos en este ámbito.
Este proyecto pretende recabar propuestas que lleguen a la Cámara de Diputados para reformar diversas leyes que prevengan los ilícitos como el amaño de partidos, regular los traspasos y fungir como un órgano de vigilancia desde la sociedad civil. “Por ejemplo, si un equipo le da dinero a otro para modificar un resultado, no es delito. Eso debe servir para modificar el Código Penal”, indicó De Buen.
Además de esa norma, el experto llamó a crear una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley Federal del Trabajo que data de 1970, “por lo que hay que modernizarla”. “Queremos que haya buen gobierno, rendición de cuentas, cuota de género en las federaciones y evitar la infiltración del crimen organizado”, expresó.
Se prevé que en octubre haya reuniones con especialistas y voces autorizadas para que la próxima legislatura federal trabaje al respecto.